SANTO DOMINGO. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) dijo que “mueve a preocupación”que se haya celebrado la audiencia para conocer la revisión de las medidas de coerción contra los implicados en el caso Odebrecht que aún guardan prisión, mientras se encontraban paralizadas las demás labores judiciales como consecuencia del estado de emergencia provocado por el paso del huracán Irma por el país.
Por esa causa, Laura Guerrero llamó al sistema judicial y a la población en general a mantenerse alerta sobre la revisión de las medidas de coerción solicitadas por los abogados del empresario Ángel Rondón y el ex ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, que se inició el miércoles pero fue reenviada para mañana viernes,a las dos de la tarde.
“Este cambio de fecha de las audiencias nos mueve bastante a preocupación porque el país está inmerso en una situación de emergencia nacional, razón por la cual las audiencias en la Suprema Corte de Justicia habían sido suspendidas, sin embargo las de estas dos personas, los señores Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón han sido fijadas, lo que entendemos como privilegios para estos detenidos”, dijo la representante del Ministerio Público.
Y añadió que “por eso reclamamos como Ministerio Público un trato igualitario para todos. Seguimos sensibilizando tanto al sistema judicial como a la ciudadanía para que nos mantengamos alerta en este proceso de Odebrecht, porque realmente para estas dos personas hay pruebas sumamente contundentes y han seguido localizando dentro de nuestra investigación pruebas de mayor gravedad, que ameritan que estas persona continúen en el estado de prisión preventiva en el que se encuentran”.
A Rondón y Díaz Rúa se les impuso medidas de coerción consistentes en prisión preventiva de un año y nueve meses, respectivamente, junto a otros implicados en el caso de unsoborno pagado por la firma Odebrechtd, que habría pagado 92 millones de dólares a distintas personas.
Los demás implicados en el caso a los que se les dictaron medidas de coerción fueron puestos en libertad posteriormente, cuando solicitaron la revisión de las medidas originalmente impuestas,
Guerrero expresó, por ùltimo que “contamos con pruebas y con otros documentos que siguen llegando desde Brasil y que también serán evaluadas que han permitido que el caso se siga fortaleciendo. En el Ministerio Público trabajamos sin descanso en este caso”.
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