El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó esta tarde que el Ministerio Público logró que un juez de la Oficina de Servicio de la Atención Permanente dispusiera el mantenimiento en prisión de dos hombres inculpados por la muerte del arquitecto David Rodríguez García en el baño de una oficina de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Al dar la información en rueda de prensa, dijo que este martes se dio ejecución a las órdenes de arrestos solicitadas contra Alejandro Isidro de Los Santos y Yoel Soriano Fabián, señalados en alegadas acciones irregulares en el cobro de cubicaciones de la OISOE, como denunció en un mensaje escrito el arquitecto Rodríguez García.
De acuerdo a Domínguez Brito, el Ministerio Público tiene "indicios de haber pretendido causar este daño, con presuntas violaciones al Código Penal Dominicano en sus artículos, 123, 166, 167, 175, 265, 266 y el 405, así como el 146 de la Constitución de la República, entre otros".
Defiende transparencia del Gobierno
El funcionario prometió que la Procuraduría General de la República "continuaremos con la investigación y que en este o en cualquier otro, caiga quien caiga, quien pretenda hacer daño a esta política de transparencia en el manejo del erario y patrimonio de la nación, tendrá que asumir las consecuencias".
Domínguez Brito refirió que el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, inició uno de los procesos más transcendentales y hermosos en materia de transparencia, en todo lo referente a las contrataciones públicas.
Señaló que esos procesos consisten en que, mediante sorteos aleatorios y al azar, se elige al adjudicatario de una contratación pública o una obra determinada.
"La mayor inversión nacional en materia de obras públicas ha sido realizada a través de este procedimiento, único, no solo en República Dominicana, sino en la mayoría de países del continente", precisó Domínguez Brito al momento de destacar la transparencia en las licitaciones.
Recordó que para esos fines las comisiones de veedurías, integradas por sectores de la sociedad civil y las iglesias, y se completó con otras disposiciones como la de las subastas para los permisos de importación agropecuarios a través de la Junta Agroempresarial y el de la unificación de las compras de medicamentos y productos médicos a través de PROMESE, mediante un esquema que ya había sido premiado por Naciones Unidas, como modelo de transparencia.
Este esfuerzo y voluntad clara, precisa y manifiesta de que el régimen de administración se realice bajo los parámetros de honestidad y responsabilidad, no va a ser afectado, absolutamente por nadie y tampoco será permitido.
El que pretenda vulnerar todo este esfuerzo por la transparencia, tendrá que pagar las consecuencias, sea quien sea.
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